Continuando con la línea de post dedicados al controvertido Plan de Bolonia. Hoy he querido recopilar lo que se dice por ahí a favor y en contra del plan de bolonia para que nos podamos ir creando una opinión.

Los impulsores de la Declaración de Bolonia aseguran que el proceso eliminará barreras y ofrecerá más salidas profesionales a los graduados universitarios. Unificando criterios y planes de estudio se conseguirá medir la calidad de la enseñanza en cada centro con más exactitud, se aumentará la eficacia de los programas de movilidad estudiantil (como Erasmus y Sócrates) y la homologación de títulos entre países será más sencilla, lo que allanará el camino a quienes deseen desarrollar su carrera profesional en el extranjero.

Más competitiva

Estos sectores no ven la progresiva privatización de la universidad como un problema, sino como una oportunidad de estrechar relaciones entre el mundo académico y el empresarial.

Para muchos profesionales, la universidad ha permanecido aislada de la realidad laboral demasiado tiempo, y es positivo que adquiera la capacidad de adaptarse a las demandas del mercado de trabajo. Así se evitaría que una gran parte de los titulados se vea forzada a ocupar empleos menos cualificados. Por otra parte, disciplinas caras, como la investigación, se beneficiarían de la inyección de capital privado.

Sin embargo, no todo el mundo lo ve de color de rosa. En 20 de las 45 universidades públicas españolas, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes se ha manifestado enérgicamente en contra del nuevo Decreto Ley, en algunos casos con el apoyo de una parte de los docentes. Esto lo veremos en el próximo post, espero vuestros comentarios.

La polémica sobre el proceso de Bolonia ha saltado tan bruscamente a los medios de comunicación, que se diría que el famoso plan acaba de salir, como por arte de magia, de la chistera de la UE. Nada más lejos de la realidad.

En 1999 – hace casi diez años, por lo tanto – los ministros de educación de 30 países europeos, algunos de ellos no pertenecientes a la UE, se reunieron en la universidad más antigua de Italia (y de Europa) para firmar la Declaración de Bolonia, un acuerdo que preveía el desarrollo de un EEES – Espacio Europeo de Educación Superior para el año 2010.

Pero ni siquiera entonces la idea era nueva. En 1988 se habían dado cita ya, en el mismo lugar, los rectores de las principales universidades europeas para aprobar conjuntamente una Carta Magna. Aquel texto se abría con una declaración de principios tan bienintencionados como abstractos (libertad de investigación, tolerancia, etc…), pero concluía con una propuesta mucho más concreta:

“(…)las Universidades (…) alientan la movilidad de profesores y estudiantes y consideran que una política general de equivalencia en materia de status, títulos, exámenes (aun manteniendo los diplomas nacionales) y de concesión de becas, constituye el instrumento esencial para garantizar el ejercicio de su misión actual.”

El mensaje era claro. Si el objetivo principal de la UE (por entonces todavía CEE) era facilitar la libre circulación de mercancías y personas entre los países miembros, el siguiente paso lógico era unificar los estudios universitarios. El título de un ingeniero debía ser tan válido en Francia como en Alemania, o la movilidad, en la práctica, no sería posible.

Aquél fue el germen de un proceso de unificación del sistema universitario europeo que iba a demorarse más de veinte años en total. Después de los acuerdos de Sorbona (1998) y Bolonia (1999), se han celebrado reuniones bienales de seguimiento en otras ciudades de tradición universitaria, como Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005) y Londres (2007). La próxima cumbre tendrá lugar este año en Lovaina.

También existe un grupo internacional de seguimiento que se reúne cada seis meses para concretar asuntos como la estructura de las titulaciones, el reconocimiento de títulos y créditos, etc… Además, progresivamente se han ido incorporando al proceso otros países extracomunitarios que no tomaron parte en la Declaración de Bolonia, como Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania.

En 2002 se creó la ANECA, una agencia independiente cuya misión es evaluar la calidad de la enseñanza en España. A ella le corresponde elaborar informes sobre los nuevos planes de estudio presentados por los centros universitarios.

Las leyes de 2003 y 2005 introdujeron tímidamente en España algunos de estos cambios en la enseñanza superior. No obstante, el Real Decreto que los regula definitivamente no se aprobó hasta el año 2007. A día de hoy todavía quedan centros que no han iniciado las reformas. La universidad española tendrá que darse prisa si quiere cumplir el plazo previsto en la Declaración de Bolonia y formar parte del EEES-Espacio Europeo de Educación Superior antes de 2010.